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Gerente General del CNSS valora creación instituto de riesgos laborales

Gerente General del CNSS valora creación instituto de riesgos laborales

El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto, valoró la decisión del Congreso Nacional al aprobar el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y que a su vez disuelve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

El funcionario dijo que la actual Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se convertirá en instituto lo que presenta un fortalecimiento institucional para dicha entidad que entre sus atribuciones tiene la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales del Sistema.

Pérez Modesto, destacó que adicional a los actuales beneficios dicha modificación de la Ley 87-01 amplia la cobertura, incluyendo gastos funerarios para los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Resaltó que, con la aprobación del proyecto de ley, en lo adelante las pensiones a sobrevivientes serán de un 100% del salario cotizable de los últimos dos años del afiliado al Seguro de Riesgos Laborales que fallezca.

“La ley modifica el tope mínimo del grado de discapacidad para fines de recibir indemnización del Seguro de Riesgos Laborales que se reduce de un 15% a un 5%, con esta medida se lograría que más trabajadores reciban estas prestaciones por la discapacidad sufrida en su trabajo”, dijo.

Informó que la institución contará con un Consejo Directivo presidido por el Ministerio de Trabajo e integrado sectores que inciden en el Sistema.

Recordó que dicha aprobación incluye que las estancias infantiles del IDSS sean administradas por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y que los afiliados a la ARS de esa entidad pasen al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), manteniendo la antigüedad para las garantías de sus derechos.

“Este cambio en las estancias infantiles representa un impulso cualitativo y cuantitativo en el servicio que ofrecen a los hijos de los afiliados al Sistema desde 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad, reciben alimentación, educación, estimulación temprana, actividades de desarrollo psico-social y recreativo”, dijo Pérez Modesto.

El funcionario dijo que queda pendiente en el Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley 87-01, el cual incluye un acuerdo de pago del capital adecuado y la eliminación los recargos y moras de atrasos con la seguridad social, facilitando así que entidades gubernamentales y descentralizadas, ayuntamientos y las micro, pequeñas y medianas empresas se pongan al día.

“Instituciones y empresas tienen deudas atrasadas y debido a la aplicación acumulativa de los recargos e intereses que las mismas generan se han convertido en impagables. Muchos

han optado por mantener sus actividades productivas en la informalidad, lo que incide en la desprotección de sus trabajadores”, enfatizó.

Informó que esto facilitará la afiliación a la seguridad social de más de 150 mil trabajadores, quienes así obtendrán seguros de salud, seguros de riesgos laborales y pensiones.

Resaltó que la propuesta también incluye fortalecer la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), otorgándole personería jurídica y autonomía presupuestaria a ambas entidades del Sistema. Esto reducirá las evasiones y elusiones en el pago a la TSS y la DIDA podrá ejercer su función de orientar y defender a los afiliados de manera más eficaz.

“Esperamos por la aprobación de dicho proyecto pues esta medida contribuirá al fortalecimiento y equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social”, expresó.

Recordó que terminado este proceso el Estado tiene el propósito de someter de una manera más pausada y con la participación de todos los sectores, la modificación integral de la Ley 87-01, con el objetivo de ajustarla a la realidad y experiencias acumuladas en los años que tiene funcionando el Sistema. Para la elaboración de dicha ley se tomaron en cuenta las experiencias de Chile, Colombia y México.



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